La pandemia de la COVID-19 ha puesto en evidencia las catastróficas consecuencias de décadas de privatizaciones y competencia en el mercado.
La consigna global de distanciamiento social para evitar el contagio no significa nada para los 1.600 millones de personas que habitan viviendas precarias e inadecuadas, mucho menos al 2% de la población del mundo que no tiene techo.
Estamos en estado de emergencia. Esta es probablemente la primera de una serie de grandes crisis que se avecinan, impulsadas por la creciente emergencia climática. Se calcula que la pandemia de la COVID-19 empujará a 176 millones de personas a la pobreza. Cada una de esas personas sufrirá una violación de sus derechos humanos a menos que cambiemos radicalmente el modelo y la inversión en la calidad de los servicios públicos.
Por Juan Pablo Bohoslavsky traducido por Lucía Balducci.
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